Doha: América Latina atrapada en una ronda eterna

Doha: América Latina atrapada en una ronda eterna

por Eduardo Gudynas – La ronda de negociaciones comerciales que se lanzó en Qatar consiguió un éxito al anteponer la salud pública sobre las patentes. Pero en otros temas el balance para América Latina es negativo: en agricultura nada indica el fin de los subsidios, los temas ambientales quedaron incorporados pero maniatados, y se abren las puertas de la ampliación de las reglas comerciales a nuevos temas sensibles, como inversiones, políticas de competitividad y hasta la venta de bienes y servicios ecológicos.

Latinoamerica quedó atrapada una vez más en una eterna negociación, donde hoy se debaten los temas que mañana se negociarán, y se hacen promesas de un cambio futuro que refuerzan la situación actual. A pesar que en Doha se demostró que la unión de los países del Sur pueden cambiar las reglas del comercio, nuestros gobiernos todavía no aprenden la lección.

La reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que finalizó días atrás en la ciudad de Doha (Qatar), ha sido defendida por muchos como un éxito. Recordando el fracaso del último intento, celebrado en Seattle en el marco de fuertes disputas entre los gobiernos y protestas callejeras, el reciente acuerdo para lanzar una nueva Ronda de negociaciones comerciales globales ha sido recibido con optimismo. El director general de la OMC, Mike Moore dijo que la conferencia fue una experiencia remarcable; el representante de comercio de los EE UU, Robert Zoellick sostuvo que estaba encantado de haber podido salir del estancamiento de Seattle, y Pascal Lamy, de la Unión Europea repetía que la experiencia fue “muy placentera y significativa”. En América Latina varios cancilleres, como Celso Laffer de Brasil, mostraban su optimismo con el resultado final.

A pesar de esas visiones positivas, los días transcurridos desde la clausura de la conferencia en Doha permiten ahora un análisis mas detallado, que diluye ese optimismo. Desde una perspectiva Latinoamericana, antes que un éxito, la ronda lanzada en Doha es un paso atrás en muchos temas.

Nuevos temas para la Organización Mundial de Comercio

En primer lugar, el nuevo acuerdo amplía los temas de la negociación comercial hacia nuevas áreas. En ese sentido, se acordó por primera vez comenzar a negociar marcos globales para las inversiones y  para las políticas de competitividad. En ambos casos el acuerdo de Doha establece ciertos alcances, como por ejemplo limitar las discusiones a las inversiones extranjeras directas, y con frases para aligerar las preocupaciones de los países menos desarrollados. Pero lo cierto es que el paso ya se ha dado, y ahora se podrán discutir esas cuestiones en la OMC.

Este es un hecho de extrema gravedad, ya que significa que nuevas áreas de las políticas nacionales podrán ser reguladas por marcos comerciales multilaterales. En América Latina existe una creciente preocupación por esa tendencia, ya que somos testigo de la aplicación de normas de ese tipo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese acuerdo contiene un capítulo donde se consagra la protección de las inversiones extranjeras por encima de la legislación de cada país, y a su amparo diferentes empresas transnacionales demandan a los gobiernos allí donde se les imponen regulaciones que consideran discriminatorias. Y lo hacen con éxito, ganando esos recursos, los que no son tratados por el Poder Judicial de cada país, sino en paneles de arbitraje comercial.

La resolución de Doha apunta en el mismo sentido, y lo que es peor, se le ha sumado la intención de negociar un marco global sobre políticas de competitividad. Se abren así las puertas a que las medidas que tome cada país podrán estar reguladas más allá de sus fronteras; decisiones como por ejemplo subsidiar una industria incipiente para que madure, o favorecer a los capitales nacionales, podrían ser objeto de sanción desde el exterior, especialmente por empresas transnacionales. La evidencia existente muestra que bajo esas circunstancias, los gobiernos Latinoamericanos no logran imponerse sobre ninguno de esos marcos, y éstos pasan a ser funcionales a las empresas transnacionales.

Las implicaciones son todavía más graves para América Latina, ya que las decisiones de Doha van además en el mismo sentido que las propuestas de EE UU y Canadá en las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas. Con ello se reducen todavía más los movimientos que pueden hacer los países Latinoamericanos para enfrentar esas medidas.

Estancamiento en agricultura

En Doha también se celebraron duras negociaciones sobre agricultura, uno de los temas centrales para América Latina. En nuestro continente, algunos países son agroexportadores, y por lo tanto luchan contra los subsidios y protecciones de la Unión Europea; la mayor parte de ellos están nucleados en el Grupo de Cairns, junto a naciones como Canadá o Australia. Este grupo recibe el apoyo de los EE UU en sus reclamos contra el proteccionismo europeo (a pesar de que Washington también ofrece generosos subsidios). Otros países Latinoamericanos están más preocupados por asegurarse la suficiencia alimentaria, y conseguir algunos mercados para sus exportaciones, de donde terminan en posiciones más similares a naciones de Africa o Asia.

La resolución de los ministros en Doha ha sido recibida con optimismo en Buenos Aires, Brasilia y otros capitales, pero una lectura atenta del acuerdo debería movernos a la preocupación. Allí se sostiene que los países se comprometen a negociaciones que apuntan a “mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio”. Es evidente que no se lograron acuerdos sustanciales ni concretos; no se dice que se anularán los criticados subsidios en un determinado plazo, ni siquiera se establece que proporción alcanzarán esas reducciones. Peor aún: el acuerdo en realidad apunta a negociar las modalidades con las cuales se llevarán a cabo esas reducciones; o sea que es una negociación sobre como se negociará en el futuro. Y para que no quede ninguna duda que se dan por ciertas unas metas o plazos, la UE logró que se incluyera una frase (“…sin prejuzgar el resultado de las negociaciones…”), donde deja todo el acuerdo dentro de enormes signos de interrogación. Se podría argumentar que la sola aceptación del propósito de negociar los subsidios agrícolas ha sido una gran victoria frente a la UE, pero los plazos involucrados y la vaguedad del acuerdo no permite ningún optimismo.

En este terreno también hay implicaciones negativas para América Latina, ya que no sólo se seguirá chocando con el proteccionismo europeo, sino que EE UU apela a ese justificativo para mantener sus propios subsidios. Asimismo, el panorama que emerge para las negociaciones del Mercosur con la UE es también negativo, ya que Bruselas podrá mantener su conservadora agenda agrícola.

Ambiente: avanzando hacia atrás

Otras de las áreas de gran controversia fue el intento de la UE de incorporar cuestiones ambientales, lo que es interpretado por los países del sur como un elemento que será usado para justificar los proteccionismos agrícolas. Parte de esas críticas son ciertas, pero también hay que reconocer que ese argumento es aprovechado por los gobiernos para impedir cualquier medida ambiental. De esta manera se terminan amparando estrategias de exportación que causan enormes impactos ambientales. Justamente esas negociaciones quedaron bajo la coordinación de Chile, uno de los países que más se resiste a incorporar medidas ambientales, priorizando sus exportaciones de recursos naturales, más allá de los costos ambientales que ocasionan.

La resolución de Doha da algunos pasos en la temática ambiental, al menos reconociendo que se deben tratar las relaciones entre las normas de la OMC con los tratados ambientales internacionales. Desde ese punto de partida se acordaron negociaciones en dos puntos: las relaciones entre las normas de la OMC y los aspectos comerciales en los convenios ambientales, y los procedimientos para intercambiar información entre los comités de la OMC con las secretarías de esos tratados internacionales. Asimismo, se acordaron los temas que debería tratar el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC (efecto de las medidas ambientales en el acceso a mercados, las implicancias de los acuerdos sobre propiedad intelectual, y el ecoetiquetado –todos puntos que ya venían siendo tratados en ese comité).

Si estos compromisos pudieran poner nervioso a algún gobierno, especialmente si sospechara que una medida ambiental pudiera entorpecer su comercio exterior, el acuerdo de Doha aclara una vez más que no se “prejuzga” el resultado de las negociaciones. Además sostiene que cualquier resultado deberá ser compatible con el actual sistema multilateral de comercio, sin “aumentar” ni “disminuir” los derechos y obligaciones de los países. En palabras más simples: se pueden analizar todas las articulaciones ambiente-comercio que se quieran, pero no será posible modificar las reglas de comercio. Por lo tanto, bajo estar circunstancias, toda vez que exista un conflicto entre las regulaciones de la OMC con las de un tratado ambiental, se podrá invocar que prevalen las razones comerciales. Algunos podrán sostener que esto es un balance, ya que se formaliza el tema ambiental en un ronda negociadora, pero en realidad es hacia atrás, en tanto se lo subordina a las relaciones comerciales. El sentido tendría que ser inverso, y poner las relaciones comerciales en función de metas sociales y ambientales, entendiendo que esos objetivos deben ser legítimos, en el sentido de verdaderamente atender la calidad de vida de las personas y la conservación de la biodiversidad.

Finalmente se incluye un tercer punto que ha pasado casi desapercibido: la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos. Esto significa un paso más en la mercantilización de elementos como el agua, o de servicios como el ciclo del carbono. No solamente podrán ser considerados mercancías elementos de los ecosistemas, y las relaciones que hay entre ellos, sino que estarán regulados por normas de la OMC. A algunos podrá parecer una medida extrema, pero justamente en el mismo sentido apunta la venta de vales de absorción de carbono que se postulada para el Protocolo de Kioto. Si bien nada está acordado en este punto en la OMC, es de por sí alarmante que esta discusión comience desde un terreno comercial.

Exitos sobre medicamentos y patentes

Seguramente el hecho más reconfortante fue el éxito en flexibilizar las normas sobre propiedad intelectual sobre productos médicos, permitiendo así la fabricación de medicinas genéricas para atender la salud pública. De esta manera se podrán invocar razones de urgencia nacional, en especial aquellas relacionadas con el VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo y otras epidemias, se recuerda el derecho para otorgar licencias, y se presentan salvedades sobre productos farmacéuticos.

Por cierto esta resolución no anula los acuerdos sobre propiedad intelectual de la OMC, y de hecho se recuerda que éstos siguen estando vigentes. Pero su aprobación fue un hecho importante, y se logró gracias a un frente unido de países de Africa, Asia y América Latina (donde Brasil jugó un papel importante). Esa victoria deja en sabor agridulce: por un lado festejamos que la unidad puede mover a la OMC en otros sentido, pero por otro, debemos lamentar que esa coordinación no se repitió en ningún otro tema, ni siquiera en la forma en que se negociaba la agenda, que distaba mucho de ser transparente y democrática.

La eterna negociación

Son muchas las dudas sobre estos acuerdos conforman una “Ronda”. No sólo siguen pendientes compromisos emanados de la Ronda Uruguaya del GATT, sino que muchos de los nuevos temas podrían ser analizados en los propios comités de la OMC en Ginebra sin necesidad de inaugurar una nueva ronda negociadora. A ello se suma que en los asuntos espinosos en realidad apenas se comenzará a discutir una agenda de una futura negociación.

Todo este proceso se está transformando en una “historia sin fin”: nuevas negociaciones para discutir que es lo que se negociará en el futuro cercano, y así sucesivamente. Esta “eterna negociación” se constituye en la práctica en un enorme obstáculo para los países Latinoamericanos. Con la excusa de futuros beneficios, justifican las asimetrías comerciales de la actualidad; a cuenta de un próximo acceso a mercados, liberan sus propios mercados internos; aspirando a recibir inversiones, flexibilizan el movimiento de capitales.

Muchos países no cuentan ni siquiera con los funcionarios o dineros necesarios para atender a la larga lista de encuentros, congresos y sesiones de trabajo que requiere una negociación de este tipo. Mientras naciones como EE UU y la UE concurren a las reuniones con delegaciones que a veces superan el centenar de personas, donde siempre tendrán más de un delegado incluso en las sesiones de trabajo informales, los países del Sur asisten con pequeñas delegaciones. En Doha, la UE llegó con más de 500 funcionarios, Japón sumó 159 personas, Francia por sí sola arribó con otros 75, Canadá con 62 y los EE UU con 51; todo esto a pesar de las reducciones severas por motivos de seguridad. Los países de América Latina no tienen el número suficiente de funcionarios para estar en todos los encuentros, y a veces sin siquiera los asesores indispensables para leer y analizar las enormes cantidades de informes que se generan en esos encuentras.

Para América Latina la situación es más grave, ya que deberá seguir las negociaciones de la OMC que supuestamente cierran su primera fase en el 2005, y simultáneamente deberá negociar el ALCA, con el mismo calendario que cierra en el 2005.

Otros puntos también han sido evaluados como positivos, especialmente la inclusión de la necesidad de negociar las medidas antidumping (donde se apunta a los EE UU). Sin embargo también en este caso, la declaración de los ministros deja planteados justificativos para continuar con las actuales prácticas.

Un balance negativo

A mi juicio, desde una perspectiva Latinoamericana, el balance de la reunión de Doha es negativo.  Desde la posición de la mayor parte de los movimientos ciudadanos no puede caber ninguna duda: se ha permitido que temas sensibles como inversiones y políticas de competitividad quedaran bajo la sombra de la OMC, no se lograron avances sustanciales en agricultura, no se ha abordado adecuadamente la temática ambiental, ni intentado separar medidas de protección legítimas de otras que encubren fines comerciales. Abrieron las puertas para mercantilizar la Naturaleza. Esos y otros ejemplos muestran que nada se ha logrado para adecuar el sistema multilateral de comercio hacia estrategias de desarrollo interesadas en la calidad de vida y la conservación de la biodiversidad.

La reforma de la OMC, que debe calar profundamente en sus mecanismos de información y toma de decisiones, sigue fuera de la agenda de las negociaciones, cuando debería ser el centro mismo de una ronda. Las organizaciones ciudadanas han reclamado cambios drásticos en ese sentido desde el mismo nacimiento dela OMC, pero ha sido muy poco lo que se ha logrado. Bajo los actuales conceptos que fundamentan el sistema de comercio multilateral, y la propia estructura de la OMC, una ronda difícilmente podrá hacer cambios hacia otro desarrollo. Será necesario modificar todo ese sistema en su propia esencia para ponerlo bajo regulación social.

Pero incluso desde un punto de vista tradicional, como el que siguen nuestros gobiernos, tampoco han habido avances. Los repetidos anuncios de que se exigiría liberalizar el comercio agrícola hasta las últimas consecuencias, no se llevaron a la práctica, y los delegados apenas obtuvieron en los hechos una extensión de la eterna negociación. El haber cedido a negociar las políticas nacionales en inversiones y competitividad, tampoco servirá a los empresarios Latinoamericanos, sean grandes o pequeños, ya que todos sucumbirán ante la transnacionalización. Sólo queda una débil esperanza debida a la cláusula de condicionalidad que expresa que la ronda será un acuerdo único (single undertaking), aunque allí también se apela a las picardías ya citadas, ya que se podrán aplicar medidas consensuadas en forma provisional o definitiva.

Otro tanto sucedió con los propios mecanismos con los que la OMC coordina las negociaciones, brinda la información y promueve las votaciones. Todo ellos están plagados de trabas, en muchos casos no son democráticos, y no pocas veces de apelan a dudosas prácticas. En Doha varios países del Sur protestaron por esa situación, tanto por cómo se presentó el documento base de la negociación, como por insólitas acciones como nombrar “amigos del presidente” para encauzar los debates por temas. Esas protestas no tuvieron éxito. Pero queda en claro, y hasta para los propios gobiernos, que la OMC dista mucho de ser un foro abierto, plural y democrático.

Las posibilidades de un desarrollo autónomo, sea cual sea su sentido, no se fortalecen por este camino, ya que la propia autonomía está en juego. Un contraste que es llamativo ya que la propia reunión de Doha demostró que la unión de los países del sur podían volcar el peso de las decisiones. Lo preocupante es que, a pesar de ese pequeño éxito, esa lección se olvida una y otra vez.


Publicado en La Insignia, 24 noviembre 2001. E. Gudynas es analista de información en CLAES D3E.