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UNA VICTORIA PIRRICA PARA EL ALCA
Arturo Valenzuela
A primera vista, la aprobación por parte de la Cámara de Representantes estadounidense
de la legislación que otorga al presidente George W. Bush la autoridad de promoción
comercial (TPA) representó un triunfo para la Casa Blanca y marcó un hito en los
esfuerzos de la administración por mantener la agenda comercial del país en la
dirección correcta. Sin embargo, el futuro de una mayor liberalización comercial aún
constituye un interrogante y las perspectivas de una exitosa negociación del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 2005 no han hecho progresos visibles.
La votación final sobre el TPA arrojó 215 votos a favor (194 republicanos y 21
demócratas) y 214 en contra (189 demócratas y 24 republicanos). Los dirigentes
republicanos sabían de antemano que no contaban con la mayoría necesaria, pues no
habían podido captar suficiente respaldo de demócratas para compensar la deserción de
más de veinticuatro republicanos. Sin embargo, pensaron que el activo lobby del
presidente en el Congreso ejercería suficiente presión como para obtener los votos
necesarios.
Temiendo una posible derrota de la medida, la Casa Blanca y los líderes republicanos
de la cámara recurrieron a una serie de incentivos para incrementar el respaldo:
aseguraron al congresista Robert Schaffer, de Colorado, que la Casa Blanca había aprobado
la asignación de 10 millones de dólares para la construcción de un edificio de gobierno
en su distrito, y también hicieron promesas similares a la congresista Sue Kelly, de
Nueva York.
Golpe a los países pobres
Las recompensas a los legisladores por su respaldo a una medida legislativa de la
administración constituyen una práctica común no sólo en Estados Unidos sino también
en otros países. Sin embargo, el aspecto preocupante en este caso de las concesiones de
la administración Bush a los republicanos es que llegaron incluso a detener el progreso
del libre comercio en sí mismo. En vez de intentar lograr una buena negociación con los
demócratas, abordando con seriedad las cuestiones laborales y ambientales, la Casa Blanca
optó primeramente por captar el respaldo de los republicanos e, irónicamente, hizo
concesiones que causaron un retraso en el progreso del libre comercio.
Así, los líderes republicanos de la cámara recurrieron a los republicanos que se
oponían a los acuerdos comerciales en los estados textiles de Carolina del Norte y del
Sur.
Lamentablemente, estos congresistas no sólo votaron a favor impulsados por la lealtad
a su partido o preocupados por la reputación política del presidente: exigieron un
precio político sorpresivamente elevado con fuertes consecuencias negativas para la
agenda comercial en las Américas. A fin de convencer al congresista DeMint de cambiar su
voto, la dirigencia de la cámara prometió por escrito procurar el debilitamiento de la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI).
La CBI fue uno de los logros más destacados del presidente Bill Clinton en el frente
comercial. Sancionado en su último año de mandato, significó un esfuerzo considerable
por parte de Estados Unidos para ayudar a las economías pobres del Caribe a superar el
adverso impacto comercial del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta),
entre Estados Unidos, México y Canadá.
En las concesiones al congresista DeMint, los líderes republicanos se comprometieron a
eliminar vitales preferencias de exportación textil en el CBI a fin de proteger los
intereses textiles de Carolina del Sur. El retroceso de Bush en la cuestión textil
también representa un fuerte golpe para los países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y
Colombia), que buscan renovar la Ley de Preferencia Comercial Andina.
Colombia, en especial, ha estado intentando defender más de 200.000 puestos de trabajo
de la industria textil considerados como esenciales en el esfuerzo del gobierno por
reactivar la economía y fortalecer su capacidad de lucha en las tres guerras contra las
guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. En noviembre, en la conferencia
ministerial de Doha (Qatar) de la Organización Mundial del Comercio, el representante
comercial estadounidense, Robert Zoellick, declaró a las naciones en vías de desarrollo
que Estados Unidos está comprometido a considerar con celeridad la eliminación de las
restricciones impuestas a las importaciones textiles: la postura de la administración en
la cuestión textil ahora despierta dudas sobre esa promesa .
La administración Bush defendió sus acciones argumentando que la obtención de la TPA
es más importante que mantener el compromiso estadounidense de flexibilizar las
restricciones sobre importaciones textiles. Pero esa decisión es una mala noticia para
países que enfrentan serias dificultades económicas y han confiado en la palabra de
Estados Unidos, países que también prometieron su respaldo y solidaridad en la lucha de
Estados Unidos contra el terrorismo. Las tácticas de la administración fueron duramente
criticadas por los líderes demócratas que habían respaldado firmemente la CBI, un
acuerdo comercial que, irónicamente, la administración Clinton había logrado obtener a
pesar de no controlar ninguna cámara del Congreso ni gozar de la autoridad de promoción
comercial. La vuelta atrás en la cuestión textil sólo dejó una nueva fisura entre
demócratas y republicanos y puso en evidencia que la TPA puede resultar una victoria
pírrica para la actual administración.
Pero la administración no sólo hizo concesiones en materia textil. También prometió
a los republicanos de Florida, muchos de los cuales tienen fuertes vínculos con la
industria cítrica del estado, que Estados Unidos se opondría a la reducción de
aranceles en dicha industria en las negociaciones del ALCA
Barreras a la importación
Al mismo tiempo, la administración buscó un fallo de la Comisión de Comercio
Internacional que le permitiera establecer considerables aranceles sobre importaciones de
acero, que subirían entre el 5 y el 40 por ciento. Para obtener la TPA, la
administración perdió sólo 6 votos de los 51 republicanos del "bloque del
acero" de la Cámara de Representantes. Buscando establecer cupos sobre las
importaciones de acero, la administración Bush recurrió al artículo 201 de Derecho
Comercial, una disposición antidumping que facilita la demostración de perjuicios
originados por importaciones. Las restricciones sobre el acero afectarán a algunos de los
principales socios comerciales de los Estados Unidos, por ejemplo Canadá, México y
Brasil.
Aunque la autoridad de promoción comercial le permite al presidente volver a presentar
los acuerdos comerciales ante el Congreso para obtener su aprobación o desaprobación sin
correr el riesgo de enmiendas impulsadas por el Congreso, no es probable que en un
Congreso fuertemente dividido las medidas comerciales sean aprobadas sin suficiente
consulta y negociación previa con los líderes de ambos partidos. El hecho de que, con el
propósito de obtener la TPA en una cámara controlada por republicanos, la
administración Bush haya alienado a muchos potenciales aliados demócratas y otorgado
fuertes concesiones a los republicanos, lo que representa un paso atrás con respecto a
acuerdos comerciales anteriores, no brinda buenos augurios para ningún acuerdo comercial
concreto que sea presentado ante el Congreso en el futuro, más allá de la TPA.
Concretamente, no ofrece un panorama prometedor para la negociación del Área de Libre
Comercio de las Américas, un acuerdo con respecto al cual los países de la región
concentrarán toda su atención en observar si Estados Unidos reduce o elimina las medidas
comerciales y no comerciales proteccionistas que perjudican industrias tales como las de
productos textiles y agrícolas.
La lección que enseña la "victoria" por un voto del TPA es que la administración deberá trabajar arduamente en busca de un mayor consenso con los demócratas que respaldan el libre comercio y están dispuestos a apoyar acuerdos comerciales no sólo por sus implicancias para el comercio sino por sus amplias consideraciones en política exterior, como aquellas que impulsaron el CBI. Sólo cuando Estados Unidos sea consciente de que el ALCA es crucial para la prosperidad y la estabilidad política en las Américas, que son valores más importantes que la defensa de limitados intereses económicos regionales, la política comercial estadounidense logrará armonizar plenamente con los amplios intereses de la política de seguridad internacional del país.
Arturo Valenzuela es profesor en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown. Fue subsecretario de Asuntos Interamericanos durante la administración de Bill Clinton. Publicado en La Nación, Buenos Aires, diciembre 2001.