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| ANALISIS |
SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA: UN PASO NECESARIO
Gonzalo
Gutiérrez
Hace mucho tiempo que el “software libre” ha alcanzado
la madurez, y si bien el proceso de discusión sobre su adopción en la
administración pública mantiene un retraso de años, éste ha ido ganando
espacios de manera lenta pero sostenida en América Latina. Al principio solía
verse a sus impulsores como locos, románticos y hasta fundamentalistas, una
imagen que no es extraña a quienes llevan adelante propuestas que aún no
cobran trascendencia pública (algo parecido pasaba con los ecologistas en los años
70).
Hoy en día la alternativa “libre” surge como un
aspecto serio a considerar y prueba de ello es que existen gobiernos nacionales
y locales que han decidido optar por esa vía, como recientemente lo ha hecho
Venezuela. Es de esperar que otros sigan con el ejemplo, aunque aún no está
claro que esto vaya a suceder. La discusión tiene implicancias sociales, políticas,
económicas y filosóficas, pero es un requisito previo que se generen espacios
públicos de discusión en torno a esta temática para que los argumentos puedan
ser considerados en su verdadera dimensión. Pero antes de continuar detengámonos
en algunos conceptos fundamentales.
Qué es el software
libre
El “software libre” es aquél software que cumple con
las siguientes cuatro libertades: La libertad de usar el programa con cualquier
propósito (libertad 0). La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y
adaptarlo a las propias necesidades (libertad 1). La libertad de distribuir
copias del programa (libertad 2). La libertad de mejorar el programa y hacer públicas
las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad
3). (*) El acceso al código fuente, el código en que está escrito el
programa, es una condición previa para esto.
El concepto de “software libre” surge por oposición
al de “software propietario” o “software privativo”. Dentro de este último
modelo se sitúa aquel software que “esconde” al usuario su código fuente,
esto es, los algoritmos que lo componen. Por sus características, el software
propietario conlleva múltiples perjuicios para el usuario, entre los que pueden
mencionarse la imposibilidad del usuario de saber qué hace realmente el
programa y por consiguiente la imposibilidad de modificarlo para adaptarlo a sus
necesidades.
De hecho, cuando alguien adquiere un software propietario,
no está adquiriendo el programa sino la licencia de uso. La propiedad del
programa continúa en manos de la empresa que lo desarrolló. Por ello, cuando
invertimos en un software propietario, cualquiera que sea, quedamos expuestos a
las futuras decisiones que tome el fabricante de dicho software, lo cual incluye
discontinuar el producto en el cual habíamos invertido. Esto equivale a decir
que bajo el modelo de software propietario quedamos de algún modo “atados de
pies y manos” a las decisiones de un fabricante, lo cual es particularmente
negativo cuando quien queda sujeto a estas decisiones es el gobierno al frente
de un país.
Qué es Linux
Linux es un sistema operativo, lo cual a grandes rasgos
significa que es un programa que se ocupa de gestionar la comunicación entre el
usuario y la PC desde el nivel más básico, interactuando con el hardware de la
misma. Una de las principales características de Linux es que fue concebido
desde sus inicios como software libre, es decir que cae dentro del modelo
mencionado en los párrafos anteriores, adquiriendo por tanto todas sus ventajas
y beneficios. Linux no es el único sistema operativo libre que existe, pero sin
duda es el que ha alcanzado mayor popularidad y el que se perfila como una
alternativa frente a los sistemas operativos concebidos bajo un modelo de
software propietario, entre los que se destaca Windows de la empresa Microsoft.
Software libre en
la administración pública
La discusión en torno al software libre tiene uno de los
puntos medulares en la administración pública. Si el software libre debe ser
tenido en cuenta, esto no solo es debido a los beneficios que recaen sobre los
usuarios individuales. La administración pública también se verá beneficiada
adoptando la plataforma Linux y aquellos programas de código abierto que sean
necesarios por parte de los sistemas informáticos de todas las dependencias
estatales.
¿Si algo es gratis por qué pagar por ello? En esa cuestión
reside uno de los puntos fuertes del software libre, sobre todo visto desde este
lugar del mundo. Pero los argumentos van mucho más allá de esto, existen cinco
argumentos principales para que un país adopte el software libre en la
administración pública y se mencionan a continuación:
1) Argumento macroeconómico.
Se estima que la adquisición de un sistema operativo más un paquete de
oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 800 dólares por
cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años. Los países
del tercer mundo, con las carencias de recursos que cuentan, no pueden darse el
lujo de transferir semejantes cifras de dinero al exterior. Máxime cuando se
trata de gastos que pueden evitarse. El gasto en sistemas operativos por parte
del Estado es un gasto que sencillamente puede evitarse pasándose a Linux, que
es un sistema operativo que es gratis. Lo mismo vale decir para las distintas
aplicaciones finales, como los paquetes de oficina, bases de datos, navegadores,
clientes de correo electrónico, entre otras.
2) Seguridad.
Contrariamente a lo que puede pensarse, el hecho de hacer públicos los códigos
de los programas no va en contra de la seguridad de los mismos sino que la
favorece. Utilizando software libre se puede saber qué está haciendo realmente
un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. Una buena
seguridad debe basarse en la transparencia. El software propietario oculta estos
aspectos y muchas veces no sabemos qué información está enviando a otras
computadoras remotas. La transferencia de información reservada puede ser
debida a fallas o errores contenidos en los programas o porque así lo hicieron
intencionalmente sus fabricantes.
3) Autonomía tecnológica.
Adoptando el software libre y con las posibilidades que éste ofrece de acceder
al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser
desarrolladores de software. Esto significa que se podrán adaptar los
programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas
esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el
modelo de software libre. La autonomía tecnológica debe estar vinculada al
concepto de estándares abiertos, que consisten en especificaciones técnicas
que son publicadas por una organización y puestas a disposición de cualquier
usuario para ser implementadas en aplicaciones específicas, lo cual favorece la
interoperatividad entre las distintas aplicaciones.
4) Independencia de proveedores.
Adquiriendo un software propietario generamos una relación de dependencia con
respecto a un fabricante. Una vez que instalamos dicho software dependeremos del
fabricante para obtener actualizaciones, y en la mayoría de los casos esas
actualizaciones exigirán invertir más dinero aparte del que ya pagamos. Con
una política de software libre, si el Estado paga por el desarrollo de un
software exigirá que se le entregue el código fuente del mismo, con lo cual si
en el futuro desea efectuarle modificaciones podrá optar por proporcionarle el
código a otros desarrolladores para que las realicen.
5) Argumento democrático.
Las nuevas tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central
en la gran mayoría de las sociedades. Si bien cada vez son más los usuarios
que acceden a dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” es muy grande y
en medio del actual modelo instaurado es un factor más de exclusión social. El
software libre favorece la democratización de la información permitiendo la
utilización de protocolos y lenguajes que no son propiedad ni monopolio de
nadie. En este mismo argumento se sitúan la posibilidad de traducir el software
a lenguas para las que no esté disponible en su origen, así como adaptarlo a
las características propias de quienes serán los usuarios finales, antes que
el usuario se adapte a las características que le impone el software.
Software libre como política de Estado
América Latina se caracteriza por tener buena formación
en desarrolladores de software, tanto quienes egresan de la educación pública
como quienes lo hacen de instituciones privadas. Muchos programadores han sido
tentados a emigrar en los últimos años, y muchos otros trabajan en sus propios
países desarrollando software para empresas extranjeras. Nada de esto es malo
en sí mismo, pero los estados están prescindiendo de un gran potencial humano,
que no por casualidad es codiciado en el extranjero. No se trata de favorecer
con exoneraciones impositivas a unas pocas empresas que producen software. Hay
que buscar las vías para canalizar todo el potencial de conocimiento y
creatividad que sin duda están presentes en los programadores individuales.
Los estados deberán fomentar la investigación y el
desarrollo de software libre a través de incentivos a los desarrolladores. Se
deberán redefinir los estándares de educación en materia de software, se
deberán crear programas de formación que permitan superar la brecha tecnológica.
Es necesario para todo esto conformar grupos multidisciplinarios que investiguen
a fondo el tema y creen el marco legal adecuado para su implementación y
regulación. La adopción del software libre en la administración pública es
solo uno de los aspectos a considerar, aunque sin duda es el aspecto más
relevante.
Sin duda no se trata de un proceso fácil, pero cuando nos
enfocamos en las posibles limitaciones que pueden existir para adoptar el
software libre las mismas en ningún caso son de carácter técnico. Los
principales escollos están en los intereses de determinados sectores que
pretenden mantener sus privilegios obtenidos a partir del modelo vigente. Pero
están también en la mentalidad de algunos funcionarios de la administración pública
que pueden mostrarse reacios a un cambio de tales características. Por estas
razones es necesario entablar un diálogo nacional donde se expongan las
distintas posiciones al respecto y se tengan en cuenta las experiencias
concretas llevadas a cabo en otros países.
El software libre
como parte de una estrategia mayor
Gran parte de la dependencia de América Latina pasa por
su dependencia de las tecnologías de información. El impacto que ello genera
no consiste únicamente en los perjuicios económicos, lo más importante es la
subordinación a las políticas tecnológicas que vienen impuestas por
monopolios desde los países centrales.
Cualquier estrategia que se plantee seriamente superar la
dependencia debe plantearse poner fin a esta subordinación. Se trata entonces
de un aspecto crítico a tener en cuenta cuando se discuta la adopción del
software libre en la administración pública. La incorporación del mismo no
significará poner fin a la dependencia porque el aspecto central de esta última
no es exclusivamente tecnológico, pero sin duda que constituirá un espacio de
libertad mayor que el que actualmente tenemos, y por eso solo vale la pena.
* Una definición más precisa puede encontrarse
en http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
Gonzalo Gutiérrez analiza temas de la sociedad de la información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina). Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Publicado el 12 de abril 2005.