Los 400 mas ricos pagaban el 27% de sus rentas, Ahora solo el 17. Las trampas, los lobbies y las “family offices” que usan los más ricos para quedarse con miles de millones en impuestos impagos.
Los magnates de fondos de alto riesgo Daniel S. Loeb, Louis Moore Bacon y Steven A. Cohen tienen mucho en común. Han administrado capitales privados por valor de miles de millones de dólares. Han invertido grandes sumas en obras de arte… y mucho más en candidatos políticos. Además, los tres han aprovechado un esotérico resquicio impositivo con el cual se han ahorrado millonadas. ¿El truco? Sacar la plata a las islas Bermudas y hacerla volver.
Con la inequidad en su máximo nivel en casi un siglo y el creciente debate público sobre si el gobierno debe o no reaccionar a través de mayores impuestos a los ricos, los principales multimillonarios han financiado un sofisticado y sorprendentemente eficaz aparato para proteger sus fortunas. Algunos le dicen “industria de defensa de las ganancias” y consiste en una muy costosa articulación de abogados, planificadores de bienes raíces, lobbies y activistas antiimpuestos que usufructúan y defienden una trama vertiginosa de maniobras impositivas.
En los últimos años este aparato se ha convertido en una de las más poderosas autopistas de influencia para los estadounidenses muy adinerados de todas las franjas políticas, entre ellos Loeb y Cohen, que hacen fuertes donaciones a los republicanos, y el multimillonario liberal George Soros, que ha pedido mayores cargas fiscales para los que más tienen mientras que para fortalecer su fortuna propia también recurre a artimañas impositivas.
Actuando en gran medida fuera de la mirada pública –en los tribunales fiscales por medio de misteriosas disposiciones legislativas y en negociaciones privadas con el IRS (Internal Revenue Service, la agencia impositiva de EE.UU.)– la gente muy rica utiliza su influencia para eludir dentro de ciertas normas y de modo sostenido la capacidad del gobierno para aplicarles las cargas tributarias adecuadas.
El impacto en sus fortunas es incontrastable. Cuando Clinton fue elegido presidente hace dos décadas, los 400 mayores contribuyentes del país aportaban cerca del 27% de sus rentas mediante impuestos federales, según datos del IRS. En 2012, cuando fue reelecto Obama, esa cifra había caído a menos del 17%.
Parte de las mayores batallas tributarias actuales las libran algunos de los aportantes más generosos con los candidatos de 2016. Esto incluye a las familias de los inversores de los hedge funds Robert Mercer, que colabora con los republicanos, y James Simons, que sufraga a los demócratas, como también al operador de opciones bursátiles Jeffrey Yass.
La firma de Yass está en pleno litigio por lo que la agencia recaudadora ha calculado en decenas de millones de dólares en impuestos mal liquidados. El fondo de alto riesgo que creó Simons y que Mercer ayuda a dirigir está en inspección a cargo del IRS por un agujero legal tributario que le ahorró al fondo un estimado de US$ 6.800 millones en impuestos durante unos 10 años. Lo investiga el Senado.
Al calor de la carrera presidencial, la influencia de los donantes ricos se pone a prueba. Están en juego el incremento tributario de la administración Obama de 2013 a las grandes ganancias –el primero sustancial en dos décadas– y una iniciativa del IRS para asegurar que se mantengan realmente las tasas tributarias más altas y se castigue la evasión de los poderosos.
Cada una de las 400 personas con mayores ingresos se llevó a su casa, en promedio, unos US$ 336 millones en 2012, último año del que se dispone de datos. Si el grueso de ese dinero se hubiese empleado en sueldos y remuneraciones, como ocurre con el ciudadano típico, las obligaciones impositivas de esos contribuyentes ricos podrían haberse más que duplicado.
En cambio, gran parte de sus ingresos provino de intrincadas sociedades y sofisticados fondos de inversión. Otras ganancias se amasaron en nebulosos fideicomisos familiares y empresas fantasmas en el extranjero.
Los muy bien pagados técnicos que inventan estas tramoyas trabajan en firmas legales de altísimo nivel y exclusivos bancos de inversión, al igual que en toda una variedad de empresas oscuras. Pero en el núcleo mismo del diseño de estrategias para minimizar los impuestos están las llamadas “family offices”, divisiones de administración de las riquezas de estadounidenses con activos que ascienden a cientos o miles de millones de dólares. Las family offices existen desde finales del siglo XIX y los pioneros de la institución fueron los Rockefeller.
Muchas de ellas dedicadas a administrar y proteger la riqueza de una sola familia, las family offices supervisan todo, desde las estrategias de inversión hasta la filantropía. Pero la planificación impositiva es una función central. Si bien estos asesores emplean técnicas específicas que pueden ser complejas hasta la obnubilación mental, por lo general siguen unos pocos principios simples, como convertir un tipo de ingreso en otro tipo que está gravado con una tasa más baja.
Daniel Loeb, por ejemplo, invirtió en una reaseguradora con sede en Bermudas –una aseguradora que cubre a compañías de seguros– que a su vez pega un giro e invierte el dinero en el fondo de alto riesgo de Loeb. Esa maniobra transforma las utilidades de Loeb de apuestas en el mercado de corto plazo, gravadas con impuestos estatales de más o menos 40%, en beneficios de largo plazo, conocidos como utilidades de capital, cuya carga fiscal es de alrededor de la mitad. Además le ha dado a Loeb la ventaja de diferir indefinidamente el pago de impuestos derivados de este ingreso, y que su riqueza obtenga un interés compuesto y crezca más rápidamente.
La gente acaudalada también dispone de todo un abanico de reducciones impositivas esotéricas y hechas a medida. Una estrategia agresiva es colocar dividendos en fideicomisos de caridad, generando así una deducción que compensa el impuesto a las ganancias.
Dentro de los abogados y los contadores, “los mejores y más inteligentes se destacan por imaginar cómo hacer tratos astutos”, dice Karen L. Hawkins, quien hasta hace poco dirigía la sección del IRS que supervisa a los especialistas en impuestos. “Con franqueza, esto prácticamente supera la capacidad intelectual y de recursos del IRS para ponerse a la par”.
Desde la asunción de Obama hasta el final de 2012, las tasas federales de impuesto a los individuos no cambiaron (excluyendo los gravámenes a la actividad laboral). Pero la milésima parte de los estadounidenses, los que más ganan, pasó de pagar un promedio de 20,9 % a un 17,6%. En contraste, el 1% con mejores ingresos, excluidos los enormemente ricos, pasaron de pagar algo menos del 24% en promedio a un poco más de ese nivel porcentual.
El acuerdo presupuestario que aprobó el Congreso en octubre habilita por primera vez al IRS a cobrarles impuestos mal liquidados a grandes sociedades en su carácter de tales –lo cual es muchísimo más fácil para la recaudadora– gracias a una disposición que los legisladores incorporaron a último momento en el acuerdo, antes de que los lobistas pudieran movilizarse. Pero las nuevas reglas son relativamente débiles –las compañías todavía pueden decidir que los impuestos los paguen sus socios– y no entran en vigor hasta 2018, dando así tiempo a que los ricos las debiliten aún más.
Poco después de que la disposición se aprobara, una cámara empresarial que representa a prominentes fondos de alto riesgo empezó a reunirse con miembros del Congreso para analizar una lista de modificaciones deseables. Los fundadores de esos fondos han donado por lo menos US$ 500.000 a candidatos presidenciales para 2016. Durante la presidencia de Obama, esa asociación empresarial se transformó en una de las más poderosas de Washington, con un gasto superior a los US$ 4 millones por año en lobbies. Algunas de las victorias más importantes apenas se conocen fuera del mundo insular de los poderosos y sus directores financieros.
En 2009 el Congreso se propuso establecer que sociedades de inversión como los fondos de alto riesgo se registraran en la SEC, en parte para que los supervisores pudieran tener así una mejor apreciación de los riesgos a que exponían al sistema financiero. El texto legislativo inicial requería que las family offices de una familia sola también se registraran, exponiendo a tales instituciones altamente secretas a un escrutinio de información que sus clientes quieren fervientemente evitar. Ciertos casos del IRS contra potentados se originan en pistas de la SEC, que a menudo está en mejores condiciones para detectar la evasión impositiva.
Para el verano de ese año 2009, varios directivos de oficinas familiares ya habían formado una sociedad de lobby destinada a revertir la propuesta. La coalición obtuvo una excepción y después empleó buena parte del año siguiente en persuadir a la SEC para que adoptara ampliamente la definición que preferían de “family office”.
El vacío tributario resultante se extendió tanto que el fondo de riesgo de US$ 24.500 millones de Soros lo aprovechó convirtiéndose en una family office luego de reintegrarles capital a los inversores externos que permanecían en él.
En la reunión anual de la Coalición de Inversores Privados se asignaba el éxito de sus gestiones a múltiples encuentros con miembros de la Comisión Bancaria del Senado, la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, otros miembros del Congreso y miembros de la SEC. “Todo con perfil bajo”, destacaba un documento. “Logramos la mayoría de lo que queríamos y un par de extras que no habíamos pedido”.
Después de todos los agujeros tributarios y todo el lobbying, lo que queda de la capacidad del gobierno para cobrarles impuestos a los ricos se topa contra un obstáculo final: la crisis que enfrenta el IRS.
El presidente Obama ha hecho de la lucha contra la evasión tributaria de los más acaudalados una prioridad. En 2010 firmó legislación que facilita la identificación de quienes colocaron activos en cuentas bancarias suizas y refugios fiscales de las Islas Caimán.
La IRS convocó al Global High Wealth Industry Group, nucleamiento empresarial conocido coloquialmente como “el escuadrón de los ricos”, para examinar las ganancias de aquellos estadounidenses con ingresos anuales de por lo menos US$ 10 millones.
Pero mientras estas medidas sirvieron para que el gobierno recupere miles de millones, los esfuerzos del organismo han decaído ante el escándalo, las presiones políticas y los recortes presupuestarios. Entre 2010, el año anterior a que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes, y 2014, el presupuesto del IRS disminuyó en casi US$ 2.000 millones en términos reales. Eso lo ha forzado a resignar unos 5.000 cargos ejecutivos de alto nivel, sobre 23.000, según la entidad.
Algunas agrupaciones financiadas por fundaciones de familias poderosas y grandes compañías, demandan la destitución del comisionado del IRS. En 2014, el fondo del Club de Acción para el Crecimiento recolectó más de US$ 9 millones y gastó buena parte de esa cantidad apoyando a candidatos críticos respecto del IRS. Alrededor del 60% de la plata recolectada por el fondo provino de tan sólo 12 donantes, entre ellos Robert Mercer, que en los últimos cinco años le ha dado a la agrupación US$ 2 millones. Mercer y su familia cercana también han donado más de US$ 11 millones a diversos comités de acción política especiales (super PACs) que apoyan al senador Ted Cruz de Texas, crítico declarado del IRS y candidato presidencial.
Otro sponsor destacado es Yass, que participa de la dirección de la compañía bursátil Susquehanna International Group. En septiembre donó US$ 100.000 al fondo del Club de Acción para el Crecimiento. Yass, que forma parte del directorio del Cato Institute, al igual que Mercer, parece coincidir con que existe una visión limitada del gobierno que motiva en parte sus erogaciones políticas.
Pero también podría tener más que un interés pasajero en crear un entorno político para desestabilizar el IRS. Hoy Susquehanna cuestiona una decisión del organismo gubernamental sobre un asociado de la firma que repatrió más de US$ 375 millones en utilidades de subsidiarias ubicadas en Irlanda y las islas Caimán en 2007, dando lugar a un problema impositivo grande. El IRS asegura que debió haberse pagado la tasa habitual de impuesto a las ganancias, a un costo de decenas de millones de dólares más de lo que se pagó.
En junio, Yass aportó más de US$ 2 millones a tres super PACs en línea con el senador Rand Paul de Kentucky, quien exige que la carga tributaria para toda ganancia tenga una tasa única de 14,5%. Ese solo cambio haría que sponsors ricos como Yass se ahorren millones de dólares.
Paul, también candidato presidencial, ha propuesto ir más allá todavía, diciendo que el IRS es un “organismo corrupto” y haciendo circular en 2013 una petición en la que exige el equivalente tributario de un cambio de régimen. “Resuélvase por lo tanto ahora”, reza la petición, “que los abajo firmantes exigimos la abolición inmediata del IRS”.
Reporte de The New York Times, publicado en castellano por IEco, suplemento de Clarín (Buenos Aires9; 10 enerop 2016. Reproducido aquí sin fines comerciales y unicamente con propósitos informativos y educativos.