por Gonzalo Gutiérrez Nicola – Hace mucho tiempo que el “software libre” ha alcanzado la madurez, y si bien el proceso de discusión sobre su adopción en la administración pública mantiene un retraso de años, éste ha ido ganando espacios de manera lenta pero sostenida en América Latina. Al principio solía verse a sus impulsores como locos, románticos y hasta fundamentalistas, una imagen que no es extraña a quienes llevan adelante propuestas que aún no cobran trascendencia pública (algo parecido pasaba con los ecologistas en los años 70).
Hoy en día la alternativa “libre” surge como un aspecto serio a considerar y prueba de ello es que existen gobiernos nacionales y locales que han decidido optar por esa vía, como recientemente lo ha hecho Venezuela. Es de esperar que otros sigan con el ejemplo, aunque aún no está claro que esto vaya a suceder. La discusión tiene implicancias sociales, políticas, económicas y filosóficas, pero es un requisito previo que se generen espacios públicos de discusión en torno a esta temática para que los argumentos puedan ser considerados en su verdadera dimensión. Pero antes de continuar detengámonos en algunos conceptos fundamentales.
Qué es el software libre
El “software libre” es aquél software que cumple con las siguientes cuatro libertades: La libertad de usar el programa con cualquier propósito (libertad 0). La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las propias necesidades (libertad 1). La libertad de distribuir copias del programa (libertad 2). La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). (*) El acceso al código fuente, el código en que está escrito el programa, es una condición previa para esto.
El concepto de “software libre” surge por oposición al de “software propietario” o “software privativo”. Dentro de este último modelo se sitúa aquel software que “esconde” al usuario su código fuente, esto es, los algoritmos que lo componen. Por sus características, el software propietario conlleva múltiples perjuicios para el usuario, entre los que pueden mencionarse la imposibilidad del usuario de saber qué hace realmente el programa y por consiguiente la imposibilidad de modificarlo para adaptarlo a sus necesidades.
De hecho, cuando alguien adquiere un software propietario, no está adquiriendo el programa sino la licencia de uso. La propiedad del programa continúa en manos de la empresa que lo desarrolló. Por ello, cuando invertimos en un software propietario, cualquiera que sea, quedamos expuestos a las futuras decisiones que tome el fabricante de dicho software, lo cual incluye discontinuar el producto en el cual habíamos invertido. Esto equivale a decir que bajo el modelo de software propietario quedamos de algún modo “atados de pies y manos” a las decisiones de un fabricante, lo cual es particularmente negativo cuando quien queda sujeto a estas decisiones es el gobierno al frente de un país.
Qué es Linux
Linux es un sistema operativo, lo cual a grandes rasgos significa que es un programa que se ocupa de gestionar la comunicación entre el usuario y la PC desde el nivel más básico, interactuando con el hardware de la misma. Una de las principales características de Linux es que fue concebido desde sus inicios como software libre, es decir que cae dentro del modelo mencionado en los párrafos anteriores, adquiriendo por tanto todas sus ventajas y beneficios. Linux no es el único sistema operativo libre que existe, pero sin duda es el que ha alcanzado mayor popularidad y el que se perfila como una alternativa frente a los sistemas operativos concebidos bajo un modelo de software propietario, entre los que se destaca Windows de la empresa Microsoft.
Software libre en la administración pública
La discusión en torno al software libre tiene uno de los puntos medulares en la administración pública. Si el software libre debe ser tenido en cuenta, esto no solo es debido a los beneficios que recaen sobre los usuarios individuales. La administración pública también se verá beneficiada adoptando la plataforma Linux y aquellos programas de código abierto que sean necesarios por parte de los sistemas informáticos de todas las dependencias estatales.
¿Si algo es gratis por qué pagar por ello? En esa cuestión reside uno de los puntos fuertes del software libre, sobre todo visto desde este lugar del mundo. Pero los argumentos van mucho más allá de esto, existen cinco argumentos principales para que un país adopte el software libre en la administración pública y se mencionan a continuación:
1) Argumento macroeconómico. Se estima que la adquisición de un sistema operativo más un paquete de oficina, ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 800 dólares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años. Los países del tercer mundo, con las carencias de recursos que cuentan, no pueden darse el lujo de transferir semejantes cifras de dinero al exterior. Máxime cuando se trata de gastos que pueden evitarse. El gasto en sistemas operativos por parte del Estado es un gasto que sencillamente puede evitarse pasándose a Linux, que es un sistema operativo que es gratis. Lo mismo vale decir para las distintas aplicaciones finales, como los paquetes de oficina, bases de datos, navegadores, clientes de correo electrónico, entre otras.
2) Seguridad. Contrariamente a lo que puede pensarse, el hecho de hacer públicos los códigos de los programas no va en contra de la seguridad de los mismos sino que la favorece. Utilizando software libre se puede saber qué está haciendo realmente un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace. Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software propietario oculta estos aspectos y muchas veces no sabemos qué información está enviando a otras computadoras remotas. La transferencia de información reservada puede ser debida a fallas o errores contenidos en los programas o porque así lo hicieron intencionalmente sus fabricantes.
3) Autonomía tecnológica. Adoptando el software libre y con las posibilidades que éste ofrece de acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a ser desarrolladores de software. Esto significa que se podrán adaptar los programas a las necesidades específicas de las distintas dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el modelo de software libre. La autonomía tecnológica debe estar vinculada al concepto de estándares abiertos, que consisten en especificaciones técnicas que son publicadas por una organización y puestas a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en aplicaciones específicas, lo cual favorece la interoperatividad entre las distintas aplicaciones.
4) Independencia de proveedores. Adquiriendo un software propietario generamos una relación de dependencia con respecto a un fabricante. Una vez que instalamos dicho software dependeremos del fabricante para obtener actualizaciones, y en la mayoría de los casos esas actualizaciones exigirán invertir más dinero aparte del que ya pagamos. Con una política de software libre, si el Estado paga por el desarrollo de un software exigirá que se le entregue el código fuente del mismo, con lo cual si en el futuro desea efectuarle modificaciones podrá optar por proporcionarle el código a otros desarrolladores para que las realicen.
5) Argumento democrático. Las nuevas tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central en la gran mayoría de las sociedades. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” es muy grande y en medio del actual modelo instaurado es un factor más de exclusión social. El software libre favorece la democratización de la información permitiendo la utilización de protocolos y lenguajes que no son propiedad ni monopolio de nadie. En este mismo argumento se sitúan la posibilidad de traducir el software a lenguas para las que no esté disponible en su origen, así como adaptarlo a las características propias de quienes serán los usuarios finales, antes que el usuario se adapte a las características que le impone el software.
Software libre como política de Estado
América Latina se caracteriza por tener buena formación en desarrolladores de software, tanto quienes egresan de la educación pública como quienes lo hacen de instituciones privadas. Muchos programadores han sido tentados a emigrar en los últimos años, y muchos otros trabajan en sus propios países desarrollando software para empresas extranjeras. Nada de esto es malo en sí mismo, pero los estados están prescindiendo de un gran potencial humano, que no por casualidad es codiciado en el extranjero. No se trata de favorecer con exoneraciones impositivas a unas pocas empresas que producen software. Hay que buscar las vías para canalizar todo el potencial de conocimiento y creatividad que sin duda están presentes en los programadores individuales.
Los estados deberán fomentar la investigación y el desarrollo de software libre a través de incentivos a los desarrolladores. Se deberán redefinir los estándares de educación en materia de software, se deberán crear programas de formación que permitan superar la brecha tecnológica. Es necesario para todo esto conformar grupos multidisciplinarios que investiguen a fondo el tema y creen el marco legal adecuado para su implementación y regulación. La adopción del software libre en la administración pública es solo uno de los aspectos a considerar, aunque sin duda es el aspecto más relevante.
Sin duda no se trata de un proceso fácil, pero cuando nos enfocamos en las posibles limitaciones que pueden existir para adoptar el software libre las mismas en ningún caso son de carácter técnico. Los principales escollos están en los intereses de determinados sectores que pretenden mantener sus privilegios obtenidos a partir del modelo vigente. Pero están también en la mentalidad de algunos funcionarios de la administración pública que pueden mostrarse reacios a un cambio de tales características. Por estas razones es necesario entablar un diálogo nacional donde se expongan las distintas posiciones al respecto y se tengan en cuenta las experiencias concretas llevadas a cabo en otros países.
El software libre como parte de una estrategia mayor
Gran parte de la dependencia de América Latina pasa por su dependencia de las tecnologías de información. El impacto que ello genera no consiste únicamente en los perjuicios económicos, lo más importante es la subordinación a las políticas tecnológicas que vienen impuestas por monopolios desde los países centrales.
Cualquier estrategia que se plantee seriamente superar la dependencia debe plantearse poner fin a esta subordinación. Se trata entonces de un aspecto crítico a tener en cuenta cuando se discuta la adopción del software libre en la administración pública. La incorporación del mismo no significará poner fin a la dependencia porque el aspecto central de esta última no es exclusivamente tecnológico, pero sin duda que constituirá un espacio de libertad mayor que el que actualmente tenemos, y por eso solo vale la pena.
* Una definición más precisa puede encontrarse en http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
Referencia:
Silveira, Sergio Amadeu da, Software livre: A luta pela liberdade do conhecimiento. Editora Fundaçao Perseo Abramo. Sao Paulo, 2004.
G. Gutiérrez es analista en CLAES D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina).