por José da Cruz – A juzgar por los comentarios de prensa, el informe anual para 2003 de Amnistía Internacional (AI) recientemente publicado pareció ocuparse casi exclusivamente de la guerra de Estados Unidos contra Irak. No es así. Resaltaremos los temas que tocan a América Latina.
La escena mundial que dibujan los datos ofrecidos no es el contorno de una mala coyuntura que pasará tarde o temprano, sino el mapa de una realidad de atropello y discriminación, dominada por la banalidad cruel del autoritarismo cotidiano. También es el caso de nuestro continente, donde dominan la inseguridad política, económica y social, y la omnipresente seguridad nacional, ahora embanderada de lucha antiterrorista.
Un país cuyo gobierno basa sus acciones en la seguridad del Estado es Colombia, donde desde 2002 se han implantado políticas que «pasaron por alto las garantías constitucionales y confirieron a los militares amplios poderes de acción en materia de orden público. Iniciativas como la creación de un ejército de ‘soldados campesinos’ y una red de informantes civiles amenazaron con sumergir a la población civil aún más profundamente en el conflicto». Las masacres y asesinatos de población civil, en esta guerra sucia que lleva casi cincuenta años y ha causado más de 60.000 muertos, han ocasionado dos millones y medio de desplazados. Agreguemos que esto ha colaborado para que el número de habitantes de Bogotá se acerque al de Nueva York.
Como un paso más en la agresión contra Cuba, EE.UU. incluyó a este país en su lista de «estados renegados», cómplices del terrorismo. En este clima de confrontación, Cuba encarceló a setenta y cinco disidentes, condenándolos en procesos que AI considera «carentes de garantías», lo que lleva a esta organización a reivindicarlos como presos de conciencia y reclamar su libertad.
En el trasfondo de estos hechos está la crisis endémica de la región, y el consiguiente y acentuado deterioro político, económico y social en varios países. El deterioro cívico llevó a que en Bolivia el pueblo en rebelión se opusiera a los acuerdos firmados con Estados Unidos para erradicar los cultivos de coca y exportar gas natural a través de Chile. A un costo de ochenta muertos se forzó un cambio de gobierno, muertos causados «en muchos casos, al parecer, como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía», dice AI.
En Haití la suspensión de los planes para realizar elecciones gestaba en 2003 la situación bélica que se vive hoy. La población del país más pobre del continente experimentaba un quebranto aún mayor de sus condiciones de vida y aumentaba la violencia política. En otra área caribeña, Venezuela, la oposición al gobierno constitucional de Chávez continuó en su fuerte campaña desestabilizadora, luego de su fallido intento de golpe de estado en 2002. AI señala que «fueron escasas las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a los responsables de los homicidios cometidos durante el intento golpista».
Si buscamos aspectos positivos, en Argentina y Brasil los nuevos gobiernos iniciaron un proceso de «restablecimiento de la confianza en la administración de justicia», con la reforma de instituciones policiales y judiciales. En México, el gobierno en cooperación con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, se comprometió a elaborar un programa nacional sobre el tema.
Ligado sin duda a los Derechos Humanos está el negro capítulo histórico del terrorismo de estado impune. Los responsables por torturas, asesinatos y desapariciones por decenas de miles, nunca han sido señalados ni por tanto condenados. AI resume como avances en este campo la remoción de impedimentos jurídicos en Argentina para la investigación y acción judicial, donde varios exoficiales de las fuerzas armadas enfrentaron cargos penales en el país y el extranjero. En Chile hubo también algunos avances y se adoptaron planes para «la transferencia al fuero civil de causas en curso ante tribunales militares, pero las propuestas también incluían la posibilidad de conferir inmunidad judicial a ciertas categorías de autores de abusos».
Algunas comisiones de búsqueda de la verdad sobre los años de guerra o dictadura actuaron o fueron creadas durante el año pasado, como en Paraguay, Perú o Uruguay. La comisión peruana «pidió justicia y resarcimiento para las familias de los millares de víctimas de homicidios y ‘desapariciones’ ocurridos a manos de las fuerzas armadas y de grupos armados de oposición entre 1980 y 2000», mientras que la uruguaya establecía que 26 casos de desaparición habían sido en realidad asesinatos por tortura. También en México y Surinam hubo acciones judiciales de diversa entidad sobre esta problemática.
América Central ha vivido en las últimas décadas procesos sangrientos, cruentas guerras y golpes de estado, y el legado de estos conflictos sigue teniendo un peso enorme en la realidad política regional. Los avances han sido menores que en otras regiones, plantea AI. Por ejemplo, el parlamento salvadoreño negó apoyo a los «constantes esfuerzos de los familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales para averiguar la suerte de los niños ‘desaparecidos’ durante el conflicto de 1980-1991».
En Guatemala se sucedieron amenazas, atentados y homicidios contra «los testigos y defensores de los derechos humanos». La Comisión para el Esclarecimiento Histórico había establecido en 1999 que en el país «se había perpetrado genocidio», pero en 2003 sus recomendaciones aún «no se habían puesto en práctica». El ex dictador Efraín Ríos Montt, «jefe de Estado en pleno genocidio», y «pese a que la Constitución lo prohibía, se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre.
Agrega AI: «La corrupción, las estructuras paralelas de poder y la inacción frente a la necesidad de ejercer un control civil efectivo sobre los militares siguieron constituyendo graves amenazas para los derechos humanos y el Estado de derecho». En Colombia, República Dominicana, Ecuador y México, la «jurisdicción militar y policial sobre casos relacionados con los derechos humanos» es un obstáculo para la justicia.
El descaecimiento de los derechos civiles en este año ha tenido, para AI, un correlato directo con la integración económica regional, enérgicamente liderada por EE.UU. y expresada en acuerdos de libre comercio. A pesar de que estos acuerdos, como el proyecto del ALCA, se promocionaron como el vehículo idóneo para superar la pobreza, «suscitaron respuestas hostiles y escépticas en muchos sectores de la sociedad civil». Las protestas fueron reprimidas con fuerza en algunos países.
La pobreza, cuya superación está contemplada, de un modo u otro en las convenciones sobre derechos humanos, alcanza ya, según CEPAL, a unos 220 millones de personas. Niños y mujeres están sobrerepresentados en este grupo. Según AI: «La desigualdad en la distribución de la tierra, la caída en picado de los precios de las materias primas para la exportación y otras causas estructurales de la pobreza siguieron sin afrontarse. Los grupos indígenas, ecologistas y campesinos que luchaban contra la explotación abusiva de los recursos por las empresas transnacionales o defendían su derecho a la tierra corrían cada vez más riesgos en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y otros países.»
No es de extrañar que la delincuencia y la inseguridad hayan aumentado, y también aumentó la tolerancia de los gobiernos con la violencia policial. La tortura y el maltrato se constituyeron en «una herramienta frecuente de los encargados de hacer cumplir la ley en numerosos países de la región». Discriminación racial y de género fueron otros fenómenos resaltados en el informe. Los pueblos indígenas sufren «marginación y falta de acceso a la justicia», especialmente en Bolivia, Guyana y México. Cientos de mujeres y niñas han sido asesinadas impunemente en el estado mexicano de Chihuahua, por ejemplo, y la «violación, la mutilación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de guerra en el contexto del conflicto armado que se libraba en Colombia».
Minorías sexuales, niños de la calle e inmigrantes fueron tres categorías cuyos derechos continuaron siendo menoscabados, cuando no ignorados. En El Salvador, Argentina y Honduras, hubo denuncias sobre tortura o castigo a menores y niños de la calle, o de continuada impunidad para sus asesinos. Los refugiados que huían de Colombia se enfrentaron «con la discriminación y la falta de protección en los países vecinos».
Un signo alentador, según AI, es la «regionalización y la fuerza creciente de los movimientos sociales», movimientos que defienden «los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, /…/ el medio ambiente y los activistas en favor de los derechos sexuales». Han tenido que enfrentar «una serie de amenazas y obstáculos». En Brasil, Colombia, Cuba y Guatemala, «los ataques contra los defensores de los derechos humanos eran un fenómeno generalizado». También se resaltó la importancia de tribunas como el Foro Social Mundial o la Organización de los Estados Americanos «para la acción colectiva y el fomento de los derechos humanos en todo el continente».
Amnistía cifraba su esperanza en un mayor debate y acciones más efectivas en el seno de Naciones Unidas, así como en el nuevo liderazgo regional que está naciendo como una alternativa sudamericana en el panorama de liderazgo de la superpotencia continental «en defensa de los derechos humanos y la seguridad, basada en una renovada comprensión de que estos dos conceptos no son incompatibles sino indivisibles e interdependientes».
J. da Cruz es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina).